Los parlamentarios de oposición, entre ellos la diputada del distrito 21 Karen Medina, solicitaron una sesión especial para abordar el creciente problema de violencia en las cárceles chilenas. El reciente apuñalamiento de un interno en la cárcel de San Antonio, ocurrido en el patio del recinto penitenciario, refleja la crítica situación de seguridad al interior de los centros de reclusión.
El incidente en San Antonio, donde un recluso de 34 años fue atacado con un arma blanca artesanal, dejó a la víctima en estado grave. Este hecho pone en evidencia el acceso a armas y la falta de control interno.
La diputada Karen Medina enfatizó en los graves problemas que genera el hacinamiento y colapso de espacios carcelarios, donde precisó que “la sobrepoblación carcelaria es un problema que este gobierno no ha abordado y que tampoco fue atendido por los anteriores. Como resultado, hemos llegado a un colapso en los espacios penitenciarios, que están tremendamente sobrepoblados. Esto ha provocado graves situaciones, como suicidios dentro de los centros penitenciarios, y ha facilitado la existencia de centros de operaciones delictivas que operan desde el interior de las cárceles debido a la falta de control”, sostuvo.
Asimismo, Medina se refirió a la ausencia de programas de reinserción. “La crisis además impacta directamente en la reinserción social, que prácticamente no existe. La ausencia de programas efectivos y la falta de recursos destinados a esta área agravan aún más el problema. Los escasos fondos disponibles se destinan únicamente a mitigar los efectos de la sobrepoblación, dejando de lado soluciones a largo plazo. Este problema acumulativo no solo afecta a los internos, sino que tiene repercusiones graves para toda la sociedad”.
“Llamamos al gobierno a priorizar este tema, no solo como un asunto de seguridad, sino también de derechos humanos. La ciudadanía merece saber que existen soluciones en curso”, concluyó Medina.
La solicitud de la sesión especial busca generar un espacio de diálogo y acción concreta frente a una crisis que afecta no solo a los internos, sino también a la seguridad general del país, tras los múltiples hechos de violencia que ocurrieron en este 2024 en los recintos penitenciarios.
